Venezuela y España firmaron en Caracas, en mayo de 1988 el convenio bilateral en materia de seguridad social, vigente desde 1992.

En enero de 2016 y sin previa notificación oficial, el gobierno venezolano suspende indefinidamente el pago de las pensiones a los beneficiarios de las mismas residentes en España, –el convenio en su artículo.5º, apartado 1º establece..: que “LAS PENSIONES, NO ESTARÁN SUJETAS A SUSPENSION”, -sin que hasta la fecha, a pesar de las numerosas gestiones llevadas acabo ante las autoridades venezolanas por las asociaciones que hacen vida en España así como por la Federación de asociaciones de pensionados de Venezuela en España, el gobierno venezolano no ha mostrado el más mínimo interés en abordar y estudiar una solución satisfactoria a esta problemática.

Como consecuencia de la suspensión del pago de esta prestación reconocida como un derecho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Art.80) las más de 9.000 personas afectadas en España, han visto reducidos drásticamente sus ingresos a cero, sumiéndolas en una situación de incertidumbre, abandono y desidia por parte del gobierno venezolano, colocándolas en situación de pobreza y exclusión social, al ser despojados arbitrariamente de los ingresos –que la pensión le proveía– necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas.

Ante esta situación hacemos un llamado al gobierno venezolano y al IVSS para que se atengan a derecho y exigimos: